Después de las Alarmas ¿Qué hacer? Prevalencia Social y responsabilidad gubernamental en la problemática del VIH.

Alertas e indiferencia.

Los primeros casos diagnosticados en Chile por VIH (Virus de inmunodeficiencia adquirida) datan de 1984, en aquel entonces se le etiquetó por parte de los medios de comunicación como la “epidemia gay” un ejercicio simplista y prejuicioso de contraponer a las primeras personas contagiadas con el virus al resto de la población nacional. Han pasado 34 años desde entonces, la temática ha enfrentado diversos climas, desde una ausencia sepulcral de prácticas sanitarias desde la institucionalidad a los primeros intentos de política pública de educación a la población a través de campañas televisivas; desde jornadas de educación a nivel educacional, hasta la promoción de métodos de barrera para evitar el contagio y el  Tratamiento Anti retroviral (TAR) como parte de las Garantías Explícitas en Salud (GES) por parte de las entidades públicas de salud. Sin embargo, estas acciones en base a políticas gubernamentales periódicas han sido poco enlazadas, concibiendo la problemática de forma sectorial, no incluyendo otros actores sociales, comunitarios y organizaciones en las posibles acciones de enfrentamiento al fenómeno.

Las alarmas se encendieron con las proyecciones del año 2017 entregadas por ONUSIDA en el cual la tasa de incidencia para Chile era de 0,59 por cada 1.000 habitantes, dejando al país con el peor panorama a nivel Latinoamericano, con  un aumento de un 66% para el 2017  (en cifras: 5.817 personas). Tales cifras tienen una característica central, los nuevos casos de VIH en Chile pertenecen mayoritariamente a población joven, masculina y con un incremento sostenido en los grupos de menores ingresos económicos.

Así el clima de acuerdo respecto de algunas políticas públicas certeras influenció un cierto conformismo por parte de las autoridades y técnicos del área pública en enfrentar con mayor ahínco la temática, aun cuando diversos investigadores en el sector sostenían que el panorama era menos alentador del que creían los mandos y jefes de servicio de salud.

Las alarmas se encendieron con las proyecciones del año 2017 entregadas por ONU SIDA en el cual la tasa de incidencia para Chile era de 0,59 por cada 1.000 habitantes, dejando al país con el peor panorama a nivel Latinoamericano, con  un aumento de un 66% para el 2017  (en cifras: 5.817 personas). Tales cifras tienen una característica central, los nuevos casos de VIH en Chile pertenecen mayoritariamente a población joven, masculina y con un incremento sostenido en los grupos de menores ingresos económicos.

Tal expansión del virus en el país, se ha tratado de explicar mediante la poca gestión del riesgo por parte de los grupos más vulnerables, así lo demuestra la octava Encuesta Nacional de Juventud (ENJUV) realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), cuyos resultados se entregaron en el primer semestre de 2018, según estos datos, los jóvenes si bien conocen de mejor forma cuales son los métodos de protección ante el embarazo, VIH e ITS (Infecciones de transmisión sexual) no los utilizan durante sus primeras relaciones sexuales, de hecho la percepción de riesgo es inversamente proporcional a su edad. A lo cual se suma una edad de iniciación sexual cada vez más temprana teniendo como promedio los 16,6 años.

Si analizamos estos datos, es de vital importancia informar a los jóvenes respecto de la detección temprana y oportuna del contagio del virus, allí es necesaria la gestión expedita de exámenes de los servicios de salud en pos de acercar, motivar y educar a los jóvenes respecto de los test, modificando el entramado burocrático en la realización de estos en la Atención Primaria de Salud (APS) permitiendo un acompañamiento cercano, con profesionales capacitados en esta tarea, siendo primordial una atención humanizada y con enfoque en derechos reproductivos y sexuales no solo desde el enfoque hetero-normativo tradicional de las políticas de salud, sino que también intencionado a través de una mirada diversa de las opciones sexuales y afectivas de la población. Con ello es importante la promoción del Nuevo Plan Nacional VIH/SIDA e ITS  en la población en general a nivel país entendiendo que es parte de la política pública en salud, como parte constitutiva de un estado de derecho, teniendo en cuenta una contextualización regional, generacional, étnica y de género. Incorporando también a grupos específicos que se encuentran con un riesgo de contagio diferenciado debido a condiciones culturales, laborales e incluso judiciales (migrantes, trabajadoras y trabajadores sexuales y población penal).

Chile poco OCDE.

 A finales de noviembre de 2018, ONU SIDA estableció en su Informe que Chile en los últimos diez, años se encuentra entre los diez países en los cuales la incidencia del virus ha crecido en más de un 50% a  nivel mundial, la lista la completan países tan diversos como Egipto, Kuwait, Madagascar, Montenegro, Macedonia, Filipinas, Eslovaquia,  Uzbekistán, República Checa y Kazajistán. Una realidad que nos deja muy fuera de los circuitos de las economías más desarrolladas del mundo, en las cuales los recursos tanto monetarios como humanos son destinados en prioridad la hora de financiar tratamientos y campañas de educación y prevención de ITS y VIH a la población.

Hace unos días Piñera aducía que la principal responsabilidad de la educación sexual es la familia, sin embargo nos preguntamos. ¿Que ocurre cuando esta labor no es realizada o si lo es no beneficia a develar las dudas de  los educandos?. La responsabilidad del estado es ineludible en señalar las bases de discusión respecto a educación sexual y afectividad en el país. Si no lo hace simplemente se vuelve cómplice del conservadurismo moral, la desinformación masiva y la expansión del virus en el país.

La política pública en si es una responsabilidad de estado, la cual puede ser complementada con la agenda de organizaciones sociales identificadas con la temática desde el campo educacional, de salud, de derechos sexuales y de la diversidad sexual. Sin presiones de grupos de opinión conservadores y religiosos que desvirtúan el debate, con agendas e intereses propios, los que a fin de cuentas provocan una extensa demora  en la toma de decisiones  pertinentes, efectivas y eficientes desde la esfera pública.

Finalmente,  se debe comprender que es urgente la toma de decisiones de carácter transversal y multisectorial, que posibilite el desarrollo de esfuerzos colectivos, en el cual todas y todos debemos responsabilizarnos de nuestras acciones de manera informada y activa. La prevención  del VIH, tratamiento y apoyo a personas contagiadas nos concierne a todos, como personas, población y país.

 

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